(noticiasjosebaez) El fiscal de La Romana recusó ayer a la jueza interina de la Oficina de Atención Permanente, Aristilda Mercedes, porque supuestamente estaba parcializada con los presos por el decomiso de 3.3 millones de dólares en una villa de Casa de Campo.
El magistrado José Antonio Polanco, dijo que la recusación se debió porque tenían la información de que la jueza iba a ordenar la libertad de los inculpados mediante la imposición de medida de coerción de garantía económica.
Dijo que los abogados de los inculpados hicieron un pedimento requiriendo la presencia del mayor general Rolando Rosado Mateo, el teniente coronel de apellido Jiménez y del fiscal Héctor Julio Matos.
Ese pedimento fue acogido por la jueza, por lo que el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el oficial y los fiscales que participaron en el decomiso.
Tras la recusación será la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís que decidirá si acoje o no la petición del fiscal.
Los detenidos desde el pasado viernes 12 son el exmiembro de la Marina y del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Fausto Ernesto Severino Marte, quien administraba la villa Terraza Cuatro, intervenida por las autoridades; Alan Luis Quezada Santiago, Damián Enrique Rijo Brito, Juan Ubiera Mercedes, Yunior Silvestre Silvestre y Henry Manuel Ruiz.
La Fiscalía pidió un año de prisión como medida de coerción para los seis implicados, para profundizar las investigaciones.
De acuerdo a las investigaciones el Ministerio Público cuenta con imágenes de satélite y conversaciones telefónicas sobre personas que integrarían la red de narcotraficantes que habrían recibido cargas de drogas y en torno al envío del dinero desde Puerto Rico hacia República Dominicana.
Las investigaciones continúan abiertas y esperan contactar a los propietarios de las dos villas y yates retenidos, para esclarecer algunos aspectos sobre la operatividad de una red vinculada al lavado de activos y el narcotráfico internacional.
El empresario puertorriqueño Alberto de la Cruz fue citado por la vía telefónica para que acuda a la Fiscalía de La Romana y se comprometió que vendrá al país para ponerse a la disposición de las autoridades.
También sería requerido Rogelio Oruña, de origen panameño, nacionalizado estadounidense, a quien le fueron incautadas dos villas y yates durante el operativo que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el que se incautó el dinero.
Con respecto a Oruña, todavía no ha sido contactado y éste tampoco ha iniciado gestiones para la devolución de la villa incautada, dijo el fiscal.
Ahora para conocer la medida de coerción deberá esperar la decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San pedro de San Pedro de Macorís.
En este caso al igual que en el de los sicarios los jueces fueron recusados.
UN APUNTE
Citan empresario
El empresario puertorriqueño Alberto de la Cruz, presidente de la Coca Cola en Puerto Rico, comparecerá a mediado de la próxima semana al despacho del fiscal.
Aún se desconoce si la Fiscalía de La Romana o la Procuraduría formularán cargos.
Aún se desconoce si la Fiscalía de La Romana o la Procuraduría formularán cargos.
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